Yamil Asenie Bahamondes

Yamil Asenie Bahamondes

Organizaciones sociales; bancada parlamentaria por una AC y candidatos/as hacen llamado conjunto a la ciudadanía a ejercer su derecho a sufragio y a decidir sobre la composición del Congreso. 
Más de un centenar de candidatos y candidatas se han comprometido  a asumir el desafío político de abrir los candados institucionales que impiden el cambio de la Constitución e impulsar una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente.  
 
En el Congreso Nacional Santiago se dieron cita hoy lunes 16 de octubre, candidatos/as de la casi totalidad  de los pactos que postulan a un escaño en el futuro parlamento, quienes junto a la  Bancada Parlamentaria por AC,  la iniciativa ciudadana Marca AC, Chile 21, Red para la Democracia y las organizaciones que conforman el Cónclave Social por Plebiscito y Nueva Constitución, hicieron un ferviente  llamado a la ciudadanía a concurrir a votar el domingo 19 de noviembre y hacerlo por aquellos postulantes que se han comprometido a impulsar el cambio de la Constitución a través de una Asamblea Constituyente por considerarlo el más democrático, institucional y participativo.
 
En la ocasión estuvieron las/os diputados Maya Fernández, Karol Cariola, Leonardo Soto y Giorgio Jackson por la Bancada AC, Javiera Parada en representación de Red por la Democracia, Genaro Cuadros y Manuel Lobos de Marca AC, Gabriela Farías (Fenpruss); Claudia Dides de Miles; Ruth Olate (Sintracap); Ricardo Herrera (ANEF), Alvaro Ramis (Cultura Cidadana), entre otros, todas organizaciones del Cónclave Social.
 
Para Javiera Parada, la coyuntura electoral enfrenta por primera vez al pueblo de Chile con la posibilidad de elegir un parlamento bajo un sistema semi proporcional.  “Nosotros, dijo,  entendemos que vivimos una de las crisis política y de confianzas más profunda desde el retorno de la democracia y es por eso que hoy organizaciones de la sociedad civil, parlamentarios y candidatos/as hacemos un llamado a la ciudadanía participar en las elecciones del próximo 19 de noviembre y a votar por aquellos que estén comprometidos/as con la Asamblea Constituyente , con el cambio constitucional y con que este cambio sea lo más amplio participativo y democrático posible.”
 
 En tanto Manuel Lobos, enfatizó que lo importante era encarar el desafío del cambio constitucional de manera amplia e incluyendo a los vastos sectores de la sociedad, “lo que hoy vivimos en esta sala es una manifestación de la necesaria unidad que vamos a necesitar para el día de las elecciones y con más probabilidad para la segunda vuelta electoral. Las organizaciones que hemos trabajado durante cuatro años por la AC como mecanismo de cambio constitucional lo hemos hecho de manera generosa, transversal, unitario y por lo tanto pedimos y exigimos que ese espiritu prevalezca en las próximas elecciones. En la ruta de una nueva Constitución no da lo mismo quien resulte electo tanto en las elecciones parlametarias como en la que eligirá al futuro Presidente/a”.
 
Por su parte en representación de la Bancada parlamentaria por la AC, Maya Fernandez, Giorgio Jackson y el diputado Leonardo Soto, recalcaron que aspiran a que en Chile se mantenga la tensión por el cambio constitucional, reiteraron su compromiso por empujar la AC como forma de cambio constitucional y valoraron la transversalidad de la convocatoria de la sociedad civil.
 
Entre los candidatos/as que se comprometieron por dar curso a una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente estuvieron Fernando Atria, Marcelo Díaz, Julia Urquieta, Marcelo Diaz, y Verónica Pinilla del pacto La Fuerza de la Mayoría, Cristián  Bowen de la Democracia Cristiana, Maite Orsini, Manuela Veloso y Miguel Crispi del Frente Amplio; David Blanco del PRO y Oscar Rementería de Amplitud, entre muchos más.
 
David Blanco destacó que hoy existe la posibilidad real de trabajar juntos por la Nueva Constitución y la Asamblea Constituyente, en la misma línea se expresaron Kena Lorenzini candidata a senadora por el pacto Frente Amplio y Julia Urquieta candidata del conglomerado La Fuerza de la Mayoria quien remarcó que esta elección será como un plebiscito donde la ciudadanía se va a pronunciar por aspectos cruciales, uno de ello es el tema constitucional. Oscar Rementería dijo que desde los principios liberales la AC es un mecanismo válido y democrático para cambiar la Constitución.
 
El futuro Congreso por primera vez tendrá, en su mayoría,  una conformación proporcional y con ello logrará representar de mejor manera a la comunidad política de ciudadanas y ciudadanos que viven en Chile. 
 
Las elecciones del próximo 19 de noviembre están marcadas por este hecho político sustantivo y poderoso. Las organizaciones y candidatos que hacemos el llamado a participar  estamos conscientes del enorme reto que representa hoy solicitar a la ciudadanía que concurra a las urnas y deposite su confianza a través del voto en uno/a candidato/a.
 
Los actuales niveles desafección de la política  y de desconfianza son inéditos. Este  problema, que encuentra su causa en múltiples factores, sólo se soluciona con un ejercicio siempre más transparente de la función pública, especialmente en los cargos de representación. 
 
Es en este contexto se realizó  el LLAMADO A PARTICIPAR Y VOTAR. Los convocantes buscan  una Nueva Constitución, una que lleve la firma de todos y todas. Este es un anhelo transversal que no es patrimonio de un sector político u otro. La sociedad chilena necesita deliberar sobre los asuntos que le competen como comunidad política, quiere decidir sobre una nueva distribución de poder, una más democrática y que de cuenta de los problemas contemporáneos, así lo demostró con la maciza participación en los Encuentros Locales Autoconvocados y el apoyo que ha suscitado el movimiento No Más AFP, que a su vez también tiene una raíz constitucional. Es la sociedad de Chile  la que quiere también tener una palabra decisiva sobre la forma en que va a culminar el proceso constituyente comenzado el año 2016.
 
La actividad tuvo  también como objetivo  interpelar al gobierno sobre el cumplimiento del itinerario constituyente propuesto por la Presidenta Michelle Bachelet en octubre 2015, que contempla la tramitación de un PL que reforma el Capitulo XV de la Constitución vigente para habilitar el cambio de la Carta Magna, así como la presentación de un PL de reforma total de la Constitución redactado sobre la base de los resultados del proceso constituyente en su fase participativa.
 
Para los convocante , insistir sobre el asunto del mecanismo es sustantivo en una época en que nadie está dispuesto a qué se tomen decisiones en su nombre.  Así mismo, reiteran  que la Asamblea Constituyente es la base más democrática para deliberación popular, cualquier otro mecanismo podría carecer de legitimidad en estos tiempos. Una Asamblea Constituyente permite la reflexión crítica de todas las propuestas, con garantías de pluralismo y representatividad, en un marco de racionalidad e inclusión, orientada a producir un resultado que luego deberá ser ratificado por la ciudadanía.
 
Sostienen que Chile tiene la madurez necesaria y la urgencia de llevar adelante este procedimiento con sensatez y sentimiento, como lo ha demostrado cuando se han abierto causes de participación como los ELA. El futuro Congreso tendrá un rol determinante en habilitar un proceder democrático, participativo e institucional , como es la asamblea constituyente,  para dotarnos de una Nueva Constitución escrita de manera democrática.
 
Por últimos remarcaron  que no es baladí la composición del próximo Congreso por eso este es un LLAMADO  a  toda la ciudadanía que ha demandado  relegitimar nuestra comunidad política y es también un LLAMADO a involucrarse y a ejercer la ciudadanía a través del voto, como la mejor y más democrática manera de recomponer las confianzas.  
 
Convocaron a esta actividad:  Bancada parlamentaria por una ACMarca AC;
Fundación Chile 21;  Red para la Democracia
Candidatos por AC (http://www.marcaac.cl/site/2017/09/listado-de-candidatosporac-elecciones-parlamentarias-2017/ );  Cónclave Social por Plebiscito Nueva Constitución y AC: Asociación Nacional de Empleados Fiscales ANEF, Colegio de Periodistas, Central Unitaria de Trabajadores CUT,  Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud FENPRUSS, Asociación Chilena de ONGs ACCION,  Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular SINTRACAP, Corporación MILES, CHILE SUSTENTABLE, Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación CORPADE, Fundación Multitudes, Red de Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Originarios de Chile, Corporación Humanas, Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos AFDD, ARTEDUCA, Coordinadora Nacional Estudiantes Secundarios CONES, Asociación Cultura Ciudadana.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Trabajo Decente, las y los dirigentes miembros del Comité de Jóvenes de la Fenpruss hicieron un llamado urgente para poner fin a la precarización del empleo en el Estado y avanzar a puestos de trabajo con derechos que permitan tener mejores servicios y salud pública.

 

Hoy existe una creciente precarización del empleo público, que afecta principalmente a la fracción más joven de las y los trabajadores del Estado, a quienes no se les permite tener estabilidad en el empleo, seguridad social, sindicalización, protección a la maternidad, entre otros muchos derechos. Según cifras oficiales existe casi un 15 por ciento de las y los profesionales que hoy tiene contrato a honorarios o compras de servicios para realizar labores permanentes en los establecimientos de salud pública.

 

“Como Fenpruss hemos dado esta pelea desde el 2007, muchas veces solos, pero conscientes y comprometidos por lograr erradicar la precarización del empleo en el Estado y así, otorgar condiciones dignas de trabajo que permitan seguir entregando con vocación y compromiso las atenciones que requiere la población que usa el sistema de salud público”, apuntó Gabriela Farías, presidenta nacional de Fenpruss.

 

“Hemos dado algunos pasos que van en la dirección de otorgar empleos con derechos a miles de trabajadoras y trabajadores del Estado, muestra de ello son los traspasos de cerca de 8 mil honorarios de la administración pública centralizada a la condición de contrata, pero esto no es suficiente, ya que persisten las contrataciones a honorarios y lo que es peor, hoy los organismos públicos utilizan la modalidad de compra de servicio que es aún más precaria y tiene un costo más alto para el propio Estado”, apuntó Farías.

 

Por su parte, para Rebeca Sepúlveda, dirigenta miembro del Comité de Jóvenes, es urgente que todas y todos luchemos por mejorar las condiciones de empleo, puesto que el trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. “Exigimos trabajo decente porque significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres”, apuntó.

 

“Además, para este año hemos puesto en relevancia la sindicalización de los jóvenes, por ser esta la única herramienta de poder que tienen las trabajadoras y trabajadores para sostener las demandas que permitan avanzar en las inequidades que hoy existen y que dicen relación con las justas reivindicaciones laborales que, especialmente, las y los jóvenes experimentan en su quehacer diario. Por eso, llamamos a las y los profesionales a sindicalizarse y ser parte de la Fenrpuss para tener un sindicato más fuerte que luche por los derechos laborales de todas y todos y por una mejor salud pública para la población.

Un llamado a agilizar los procesos que permitan concretar la dictación de los DFL de la ley 20.972, hizo la Fenpruss a la Ministra de Salud, Dra. Carmen Castillo, a quien se le entregó una carta solicitando se cumplan los tiempos comprometidos por la autoridad para concretar este proceso esperado por todas y todos los profesionales del país.

Al respecto, Gabriela Farías, presidenta nacional de Fenpruss, señaló que los tiempos se acotan para que el Gobierno cumpla con lo prometido, esto es que los DFL estén publicados y permitan que miles de trabajadoras y trabajadores de la salud puedan tener mejores condiciones laborales.

“Hemos venido respetuosamente a pedirle a la Ministra que cumpla con los plazos comprometidos, ya que estos DFL son muy esperados a lo largo del país. La Fenpruss ha sido comprensiva respecto a la tramitación legal, pero creemos que ya es momento de apurar y colocar urgencia a este tema que fue parte de la negociación del 2015 y que es muy esperado por nuestras y nuestros profesionales”, subrayó Farías.

Finalmente, Farías señaló que para Fenpruss la aplicación de los DFL ha sido y será una preocupación permanente, por lo que mantendremos nuestra atención en este tema, ya que esto significa otorgar estabilidad laboral y titularidad en el empleo. “Anhelo permanente de nuestra organización y de las y los profesionales del país”, puntualizó.

El siguiente texto contiene una propuesta de negociación de los profesionales de la salud centralizada, en el marco de la tramitación de la ley general de reajuste de remuneraciones y otras materias del sector público, bajo el entendido de que Fenpruss representa a los más de 30 mil profesionales que se desempeñan en los servicios de salud del país, y que actualmente no se encuentran representados en la mesa del sector público.

1.- Empleo con Derechos y Decente

El Estado como ente precursor del desarrollo de la sociedad, tiene el deber de ser el ejemplo a seguir. Por ello como empleador tiene que otorgar a sus trabajadores y trabajadoras las condiciones óptimas tanto estructurales como económicas para el desarrollo de su labor. Lo anterior debe ir acompañado, además, del pleno ejercicio de los derechos laborales y de seguridad social que hacen que un país pueda ser verdaderamente considerado un país desarrollado o en vías de desarrollo.

Coherente con lo anterior, se hace necesario que las y los trabajadores públicos de nuestro país tengan los siguientes puntos resueltos a la brevedad:

a) Presentar articulado a la Ley de Presupuestos que establezca el aumento de la dotación de las instituciones tanto centralizadas como descentralizadas equivalente al número total de funcionarios y funcionarias que laboran y se encuentran contratados bajo cualquier modalidad, es decir, traspaso de personal contratado por compra de servicios que cumple funciones permanentes, nuevos honorarios, mitad honorarios y mitad contrata, contratos a tiempo parcial, código del trabajo o el nuevo tipo de honorarios llamado “Empresa de Responsabilidad Individual”. Ha llegado el momento que el Estado “sincere” la cantidad real de funcionarios y funcionarias que requiere para cumplir bien con la función pública estipulada en la Constitución y las Leyes Orgánicas correspondientes, y les contrate con plenitud de derechos.

b) Salvaguardas que eviten el despido arbitrario: Solicitamos la renovación del oficio circular número 26 del 21 de noviembre del 2016 del Ministerio de Hacienda sobre renovación de las Contratas, actualizando en el nuevo texto con la jurisprudencia de contraloría y tribunales laborales.

c) Indicación legislativa para el otorgamiento automático de las asignaciones que corresponda percibir al funcionario o funcionaria por las labores específicas que la ley señale y que por un problema de estructura remuneracional o limitaciones legales (por ejemplo, cupos asignados), no son percibidas por todo el personal a pesar de realizar la misma labor.  En salud, nos referimos a leyes como: ley de urgencia, ley miscelánea, asignación de turno, asignación de responsabilidad.

2.- Derecho a la Seguridad Social para todas y todos los trabajadores

Solicitamos encarecidamente al Gobierno acoger la propuesta técnica de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No más AFP.

Es tiempo de cambiar un sistema que fue impuesto, basado en el ahorro forzoso, individualista, único y obligatorio, cuyo fracaso ha sido reconocido por amplios sectores sociales y políticos a excepción, claro está, de quienes lo crearon. La propuesta representa fielmente a las y los trabajadores públicos del país, y por tanto esta debe ser acogida y analizada seriamente por los diferentes órganos del Estado, teniendo como objetivo el bienestar de millones de trabajadores que luego de toda una vida de trabajo merecen una pensión digna.

Dicho lo anterior y como medida paliativa, se hace necesario ampliar la cobertura y montos del Bono Post Laboral, de tal manera que el porcentaje de la tasa de reemplazo de la jubilación, sea mayor al 50% de la remuneración recibida por el trabajador público cuando se encontraba activo.

3.- Reajuste y Bonos, líneas de corte

De acuerdo al informe IPOM, el probable crecimiento del país radicará entre 1,5 y 2 puntos porcentuales. Además, la inflación proyectada para el año 2017 en el año móvil diciembre-diciembre está estimado en 2,9%. El crecimiento proyectado para el año 2018 según el mismo informe rondará en el 2,5%.

Otro dato importante es el valor del cobre, el que no presentaría variaciones importantes.

Analizado lo anterior, y dado que el reajuste debe incluir una recuperación del poder adquisitivo perdido (inflación), y que nuestro sector también aporta al desarrollo del país con cerca de un millón de trabajadoras y trabajadores (incluyendo honorarios, compras de servicio), es que proponemos un Reajuste Real de un 2,0%.

Este es el momento en que el Estado DEBE hacerse cargo de disminuir la tremenda desigualdad social que existe en Chile, que nos ubica en la triste posición de ser el pais con la mayor desigualdad de ingresos de los países OCDE (con un índice GINI 0,465), y atreverse a proponer un reajuste diferenciado, toda vez que año a año, el reajuste aumenta más la brecha entre aquellos trabajadores y trabajadoras que ganan menos y aquellos que ganan más. Esta organización está disponible para ello.

En el caso de los bonos y aguinaldos consideramos que deben ser reajustados en un porcentaje mayor, ya que estos beneficios en especial responden a una costumbre arraigada y que se ha transformado en derecho adquirido para otorgar a las y los trabajadores un estipendio extra para afrontar los gastos propios de las fechas especiales, como fiestas patrias o navidad. En este punto nuestra propuesta es de un aumento de un 5% real.

En el caso específico de Bono de Vacaciones, consideramos que este debe acercarse progresivamente a constituir el treceavo sueldo, considerando que según estudios sobre el 41% de las empresas otorgan Bono de Vacaciones (Encuesta Anual de Compensaciones, TRS – Total Remuneration Survey). Para avanzar en esta línea solicitamos un Bono de Vacaciones parejo de $250.000.-

4.- Conciliación de vida laboral y familiar

Nuestro país y sus diversos sectores políticos han declarado su apoyo a la disminución de la desigualdad, y para materializar esas declaraciones necesitamos políticas públicas y articulados legislativos que apunten directamente a ello, pues dichas políticas facilitan que las y los trabajadores puedan ejercer su derecho al cuidado de su familia, al desarrollo de su personalidad, de su formación o el disfrute de su ocio y tiempo libre.

En concordancia con lo anterior, presentamos las siguientes demandas:

a) Modificación del art. 65 el Estatuto Administrativo referido a la jornada laboral, que actualmente establece la jornada en 44 horas semanales, disminuyéndola progresivamente hasta llegar a 40 horas semanales, pues hoy Chile se ubica en el quinto lugar con más horas de trabajo de los países OCDE. El alto número de horas no implica una mayor producción, y muy por el contrario, podría afectar negativamente la salud mental e incrementa los riesgos laborales.

b) Incorporar en la Ley de reajuste un artículo que señale que: “Las funcionarias contratadas en la administración del estado, para realizar trabajos temporales gozaran del fuero maternal definido en el inciso primero del artículo 201 del código del trabajo; salvo desafuero por juez competente”. Ya que, hasta el año 2014, se aplicaba la regla general del artículo 201 del código del trabajo que reconocía el fuero a estas trabajadoras; criterio compartido por la Contraloría General de la República hasta su dictamen 24.490/2014; que establece que estas trabajadoras deben ser asimiladas a la figura de suplencia y por tanto no les reconoce el fuero.

Hacer extensivo este derecho a las trabajadoras que aun se mantienen con contrato a honorarios o compras de servicios.

c) Incorporar los 5 días de permiso de la ley 20830 a todas las y los funcionarios públicos, homologando este derecho al mundo privado.

d) Implementación efectiva de Salas Cuna en el 100% de los establecimientos hospitalarios del país, de tal forma  que en las comunas más pequeñas este beneficio sea de uso extensivo a otros trabajadores y trabajadoras del sector público de la misma área geográfica.

Planes de inversión en reparación, remodelación y cumplimiento de normativa en los establecimientos en que ya existe Sala Cuna o Jardín Infantil.

 

5.- Estímulo a la descentralización

El Estado debe tener una mirada país y hacer los esfuerzos para que las y los trabajadores públicos se sientan parte y tengan arraigo en el territorio en que se encuentran, en especial aquellos territorios alejados de la zona central o de difícil acceso. Por ello es necesario que el Gobierno junto a los representantes de esos territorios reactiven la Mesa de Zonas Extremas sin exclusión de temas,  incluyendo al menos las siguientes temáticas:

- Imponibilidad de Asignación de Zona

- Ampliar cobertura y hacer permanente la bonificación del art. 44  de la ley 20883, ya que el actual bono solo alcanza al 48% de los trabajadores de la salud, y en el caso de las y los profesionales ese porcentaje es igual a Cero.

- Incluir la reajustabilidad permanente del bono especial de Zonas Extremas en un 5% anual

 

6.- Bienestar

Frente a la precariedad económica en la que se ven sumidas las y los trabajadores públicos que egresan del sistema al término de su ciclo de vida laboral, debido al actual sistema previsional que tiene nuestro país, y como una forma de disminuir los gastos, especialmente aquellos asociados a salud, demandamos por parte del Estado un aporte para el Bienestar por cada jubilada y jubilado inscrito en cada servicio de salud del país, de tal forma de paliar su mayor vulnerabilidad en la tercera edad, de igual monto al entregado a las y los trabajadores activos.

7.- Transparencia y probidad funcionaria

Si bien no se conoce la magnitud de los dineros invertidos en paraísos fiscales por funcionarios públicos, cuyos impuestos nunca ingresan al erario nacional, y por lo tanto no aportarán al desarrollo del país, consideramos que ningún empleado público, ya sea de carrera o elegido por votación popular, debiera realizar esta práctica.

Los impuestos no recaudados comprometen los presupuestos públicos, lo que se traduce en recortes a los servicios básicos como la medicina y la educación, así como en un aumento de impuestos como el IVA que afecta de mayor manera a los sectores más pobres.

Los paraísos fiscales son una forma de legalizar la extensión de la brecha financiera entre ricos y pobres de todo el mundo, frenando la distribución de la riqueza en beneficio de la sociedad y no de un grupo seleccionado de individuos.

Por tanto, demandamos el envío de un Proyecto de Ley que prohíba a la funcionaria o funcionario público tener bienes o capitales en paraísos fiscales, evitando las prácticas de evasión fiscal.

 

Fin a la precarización del empleo en el Estado: 

Trabajo decente y con derechos

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