José Miguel de Pujadas Guzmán

José Miguel de Pujadas Guzmán

Reiterando su enérgico rechazo a las concesiones hospitalarias, la Fenpruss se hizo presente en el acto organizado por la multigremial del Hospital El Salvador, cuyo fin era denunciar el atraso en las obras y la actitud negligente de la empresa al no hacerse cargo de sus obligaciones contenidas en el contrato, intentando trasladar sus responsabilidades al Estado, queriendo solo obtener ganancias. En la oportunidad estuvo presente el Presidente Nacional de Fenpruss, acompañado de los dirigentes nacionales coordinadores de la Región Metropolitana y dirigentes de base, quienes son parte de la multigremial.  

Al respecto, Aldo Santibáñez, presidente nacional de Fenpruss, valoró el trabajo que ha llevado a cabo la multigremial, al no cesar sus esfuerzos por terminar con esta concesión. “La Fenpruss desde el 2008 ha dicho que las concesiones son una mala política, luchamos durante el Gobierno de Piñera para no permitir el avance de estas, y seguiremos en esa lucha porque estamos convencidos que la construcción de los hospitales debe ser con fondos públicos, porque es tarea del Estado asegurar y fortalecer la salud pública”, subrayó.

Por su parte,  Bélgica San Cristóbal, dirigente de Fenpruss del Hospital El  Salvador y miembro de la multigremial del mismo, señaló que la situación del Hospital, es la confirmación de que este sistema de concesiones no es viable. “Los defensores de las concesiones en salud afirman que una fortaleza es que se traspasa el riesgo  frente a hechos fortuitos, pero quedó demostrado que lo único que se hace es traspasar una necesidad sentida de la población a empresas que solo buscan lucrar”, señaló.

Aldo Santibáñez agregó el Gobierno debe utilizar todos los mecanismos legales para hacer valer las garantías estatales en este tema y que esta realidad demuestra que no se debe perpetuar el modelo de concesiones de infraestructura de salud. “Debemos poner urgencia en la Ley Salvador que hoy se encuentra en el congreso y que busca terminar con las concesiones hospitalarias, es deber de los candidatos a la presidencia pronunciarse en este sentido, ya que la salud pública no puede estar a merced de los intereses mezquinos de las empresas privadas, sino que el norte debe estar en fortalecer la salud pública, lugar donde se atiende al 80 por ciento de la población”, apuntó.

Tras una petición formal del Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile, el ejecutivo de la Fenpruss se reunió con Alicia Yáñez y Nelsón Ortega, presidenta y secretario del colegio respectivamente, quienes llegaron acompañados de Rosa Inostroza, profesional del área con vasta experiencia en el área de salud, quienes expusieron su sorpresa ante la decisión de las autoridades de dejarlos fuera del Código Sanitario, lo cual buscan revertir.

En 1925 nace la profesión de Trabajadores Sociales precisamente en un Hospital, pasando a tener, hoy, cuatro mil funcionarios de su área en los servicios de salud. He ahí la desazón de estos profesionales al enterarse que estaban fuera de la nómina de profesiones a incorporar en el código sanitario. De la sorpresa pasaron rápidamente a la acción, reuniéndose con autoridades políticas en busca de apoyo a su demanda, modificando el artículo 112 del cuerpo legal.

En la instancia, el presidente nacional de la Fenpruss, Aldo Santibáñez, comprometió el respaldo del sindicato de profesionales al colegio de trabajadoras/es sociales, el cual se reflejará en una carta de apoyo a su petición y en la incorporación y exposición de sus demandas en el trabajo continuo que se realiza con autoridades políticas. “Somos conscientes de la importancia de las y los trabajadores sociales en los recintos de salud, abarcando la dimensión biopsicosocial de la atención de las y los usuarios de la salud pública. Las y los trabajadores sociales merecen ser reconocidos e incluidos en el código sanitario, por su extensa trayectoria en los servicios de salud y como profesionales integrantes de la Fenpruss trabajaremos por la defensa de sus derechos y abogaremos por la modificación del artículo 112. Todo esto en concordancia con lo que ha hecho la Federación de Colegios Profesionales".

Al finalizar la reunión, la presidenta del colegio, Alicia Yáñez, agradeció el apoyo entregado por Fenpruss y valoró la pronta respuesta para avanzar en la modificación del artículo 112 que permita que la carrera de trabajo social sea reconocida en el código sanitario. "El respaldo que Fenpruss nos ofrece desde lo político sindical es importante para lograr nuestra demanda", concluyó. Finalmente, ambas partes acordaron mantener la comunicación fluida y el trabajo conjunto de acciones futuras.


 

En medio de la última asamblea nacional de Fenpruss, la Comisión de Jóvenes, insertos en el Comité de Igualdad de Oportunidades, lanzó su campaña para invitar a los y las profesionales jóvenes de la salud pública del país a sindicalizarse y ser parte de nuestra organización.

En esta ocasión, se presentó el afiche oficial que será repartido a los servicios de salud y hospitales, con la finalidad de incentivar a los y las jóvenes a participar de las actividades que buscan luchar por los derechos de las y los trabajadores del área.

Para Rebeca Sepúlveda, actual Dirigenta Nacional encargada de Igualdad, “la participación de los profesionales más jóvenes en la Fenpruss es de vital importancia, ya que, la mayor parte de las veces, son los jóvenes los que ingresan al sistema en condiciones más precarias de trabajo que no les permite tener una seguridad de sus cargos y poder hacer una carrera. Por eso, invitamos a todos y todas las jóvenes profesionales a sindicalizarse y participar activamente en la defensa y lucha de sus derechos laborales”, indicó.

Cabe destacar que en los establecimientos y servicios de salud, aquellas y aquellos interesados en conocer más de la Fenpruss y cómo pueden participar y aportar en el logro de mejores condiciones laborales, podrán acercarse  a los y las dirigentes de base, quienes podrán asesorarlos al respecto.

De igual manera, pueden enviar sus consultas al mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


En síntesis, para dar atención a cada uno de los beneficiarios del sistema público, se precisan más recursos de lo requerido para atender las necesidades de salud de los beneficiarios del sistema privado, pero la realidad de las cifras muestra que –por el contrario– el actual modelo otorga más recursos a los beneficiarios del privado. En conclusión, la brecha actual de gasto sería de entre 57% y 62% a favor de los beneficiarios de Isapre. Una desigualdad de tal magnitud es imposible que sea absorbida por economías de escala o por una red pública integrada.

Recientemente, la Asociación de Isapres de Chile A. G., agrupación gremial que reúne a cinco de las seis isapres abiertas que operan en el mercado, dio a conocer un análisis que subtitula “Se igualan los recursos per cápita disponibles para atenciones de salud”. Básicamente sostiene que “la diferencia en gasto en salud entre Fonasa/Isapres se cerró” (
sic) y que “la brecha de inequidad en el financiamiento per cápita (…), se cerró” (sic). De allí concluye tres consecuencias de política: 1) la urgente necesidad de revisar la institucionalidad de la red pública; 2) la necesidad de perfeccionar el modelo de financiamiento del sector salud; y 3) que el aporte que brinda el sector privado de salud permite que el Estado le delegue 3 millones y medio de beneficiarios, sin que ello represente costo para el Estado (sic).

Sobre estas consecuencias volveremos al finalizar estas líneas. Lo primero es aclarar las cifras.

El análisis de la Asociación de Isapres señala que el gasto en atenciones de salud por beneficiario al año en las isapres sería de $ 510.937, mientras que en Fonasa sería de $ 491.045. De esta forma, aun con una diferencia de 4,05% (superior para los beneficiarios de isapres), concluye que la brecha de recursos entre ambos subsistemas está virtualmente cerrada.

Lamentablemente y sin ánimo de iniciar una polémica académica sobre el punto, la conclusión es errada y no representa la realidad desigual que ha caracterizado (y aun lo hace) a ambos subsistemas. El análisis comete varios errores, como, por ejemplo, comparar información parcial de gasto isapre para el año 2017, con la proyección de gasto Fonasa para el año 2018 consignada en el proyecto de Ley de Presupuesto (aún en trámite); habla de disponibilidad de recursos (es decir, financiamiento), pero analiza el gasto realizado; incluye en el gasto de atenciones de salud de los beneficiarios de Fonasa, partidas que corresponden a la Autoridad Sanitaria y la rectoría de todo el sistema, y considera los aportes –extraordinariamente desiguales– que realizan algunos municipios y que se concentran especialmente en comunas de altos ingresos.

Un análisis razonado de las cifras y comparable entre ambos subsistemas, muestra que el año 2016, último año para el cual se dispone de datos de gasto devengado, el gasto en atenciones de salud por beneficiario al año fue de $ 509.632 en el caso de las isapres abiertas, mientras en Fonasa alcanzó $ 400.592. Esto representa una diferencia de 27,22% a favor de los beneficiarios de isapres.

El análisis de la Asociación de Isapres, si bien reconoce las diferencias en el riesgo sanitario entre los beneficiarios de ambos subsistemas, minimiza la magnitud y complejidad del problema. Mediante un uso metodológicamente inadecuado de tablas factores de riesgo de las isapres, sostiene que esta diferencia sería de 17% (considera 1,79 en Fonasa y 1,49 en Isapres) y que esta diferencia desaparecería por las economías de escala (tamaño de la cartera) y la integración vertical (red pública propia) que posee el sistema público.

Respecto del mayor riesgo sanitario de los beneficiarios de Fonasa, enfatiza que esto se expresa en una población envejecida y en la dispersión geográfica. No obstante, no hace mención a las enormes diferencias en la carga de enfermedad (estado de salud) que enfrentan ambos subsistemas, corrigiendo por edad y por dispersión geográfica.

Uno de los pocos estudios nacionales que ha cuantificado el riesgo sanitario de ambas carteras, realizado por Cid (2011), titulado “Problemas y desafíos del seguro de salud y su financiamiento en Chile: el cuestionamiento a las ISAPRE y la solución funcional”, muestra que el factor de riesgo “normalizado” de Fonasa es de alrededor de 1,15, mientras en en las isapres es de alrededor de 0,86 en promedio, con un mínimo inferior a 0,80. De acuerdo con esas cifras, para el periodo 2000-2009, concluye que los beneficiarios de Fonasa tendrían un riesgo sanitario entre un 30% y un 35% mayor a los beneficiarios de isapres.

En síntesis, para dar atención a cada uno de los beneficiarios del sistema público, se precisan más recursos de lo requerido para atender las necesidades de salud de los beneficiarios del sistema privado, pero la realidad de las cifras muestra que –por el contrario– el actual modelo otorga más recursos a los beneficiarios del privado. En conclusión, la brecha actual de gasto sería de entre 57% y 62% a favor de los beneficiarios de isapre. Una desigualdad de tal magnitud es imposible que sea absorbida por economías de escala o por una red pública integrada.

Respecto de las consecuencias de política que señala la Asociación de Isapres, resulta ineludible referirse a su propuesta central: “El ejercicio realizado demostró que en Chile no es irreal plantearse la idea que el Estado, bajo ciertas condiciones de compensación de riesgos y evaluación de resultados según cumplimiento de políticas de salud, permitiese que sus cotizantes pudiesen optar por el sistema de su preferencia con parte de su cápita (subsidio)” (sic).

Por el contrario, las cifras muestran que la desigualdad actual del gasto entre ambos subsistemas sigue siendo enorme, a pesar de haber disminuido sobre la base del gran esfuerzo fiscal que se ha materializado en los últimos 27 años de democracia, como lo muestran las estadísticas que publica Fonasa. Abrir la puerta a la portabilidad del subsidio no solo incrementará esta desigualdad, sino que también terminará por desfinanciar al sistema público de salud, el que hoy, con grandes deficiencias y sin duda con muchas carencias, otorga derecho a la protección de la salud a más tres de cada cuatro de nuestros compatriotas.

Consigna: www.elmostrador.cl

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