Yamil Asenie Bahamondes

Yamil Asenie Bahamondes

Un llamado a agilizar los procesos que permitan concretar la dictación de los DFL de la ley 20.972, hizo la Fenpruss a la Ministra de Salud, Dra. Carmen Castillo, a quien se le entregó una carta solicitando se cumplan los tiempos comprometidos por la autoridad para concretar este proceso esperado por todas y todos los profesionales del país.

Al respecto, Gabriela Farías, presidenta nacional de Fenpruss, señaló que los tiempos se acotan para que el Gobierno cumpla con lo prometido, esto es que los DFL estén publicados y permitan que miles de trabajadoras y trabajadores de la salud puedan tener mejores condiciones laborales.

“Hemos venido respetuosamente a pedirle a la Ministra que cumpla con los plazos comprometidos, ya que estos DFL son muy esperados a lo largo del país. La Fenpruss ha sido comprensiva respecto a la tramitación legal, pero creemos que ya es momento de apurar y colocar urgencia a este tema que fue parte de la negociación del 2015 y que es muy esperado por nuestras y nuestros profesionales”, subrayó Farías.

Finalmente, Farías señaló que para Fenpruss la aplicación de los DFL ha sido y será una preocupación permanente, por lo que mantendremos nuestra atención en este tema, ya que esto significa otorgar estabilidad laboral y titularidad en el empleo. “Anhelo permanente de nuestra organización y de las y los profesionales del país”, puntualizó.

El siguiente texto contiene una propuesta de negociación de los profesionales de la salud centralizada, en el marco de la tramitación de la ley general de reajuste de remuneraciones y otras materias del sector público, bajo el entendido de que Fenpruss representa a los más de 30 mil profesionales que se desempeñan en los servicios de salud del país, y que actualmente no se encuentran representados en la mesa del sector público.

1.- Empleo con Derechos y Decente

El Estado como ente precursor del desarrollo de la sociedad, tiene el deber de ser el ejemplo a seguir. Por ello como empleador tiene que otorgar a sus trabajadores y trabajadoras las condiciones óptimas tanto estructurales como económicas para el desarrollo de su labor. Lo anterior debe ir acompañado, además, del pleno ejercicio de los derechos laborales y de seguridad social que hacen que un país pueda ser verdaderamente considerado un país desarrollado o en vías de desarrollo.

Coherente con lo anterior, se hace necesario que las y los trabajadores públicos de nuestro país tengan los siguientes puntos resueltos a la brevedad:

a) Presentar articulado a la Ley de Presupuestos que establezca el aumento de la dotación de las instituciones tanto centralizadas como descentralizadas equivalente al número total de funcionarios y funcionarias que laboran y se encuentran contratados bajo cualquier modalidad, es decir, traspaso de personal contratado por compra de servicios que cumple funciones permanentes, nuevos honorarios, mitad honorarios y mitad contrata, contratos a tiempo parcial, código del trabajo o el nuevo tipo de honorarios llamado “Empresa de Responsabilidad Individual”. Ha llegado el momento que el Estado “sincere” la cantidad real de funcionarios y funcionarias que requiere para cumplir bien con la función pública estipulada en la Constitución y las Leyes Orgánicas correspondientes, y les contrate con plenitud de derechos.

b) Salvaguardas que eviten el despido arbitrario: Solicitamos la renovación del oficio circular número 26 del 21 de noviembre del 2016 del Ministerio de Hacienda sobre renovación de las Contratas, actualizando en el nuevo texto con la jurisprudencia de contraloría y tribunales laborales.

c) Indicación legislativa para el otorgamiento automático de las asignaciones que corresponda percibir al funcionario o funcionaria por las labores específicas que la ley señale y que por un problema de estructura remuneracional o limitaciones legales (por ejemplo, cupos asignados), no son percibidas por todo el personal a pesar de realizar la misma labor.  En salud, nos referimos a leyes como: ley de urgencia, ley miscelánea, asignación de turno, asignación de responsabilidad.

2.- Derecho a la Seguridad Social para todas y todos los trabajadores

Solicitamos encarecidamente al Gobierno acoger la propuesta técnica de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No más AFP.

Es tiempo de cambiar un sistema que fue impuesto, basado en el ahorro forzoso, individualista, único y obligatorio, cuyo fracaso ha sido reconocido por amplios sectores sociales y políticos a excepción, claro está, de quienes lo crearon. La propuesta representa fielmente a las y los trabajadores públicos del país, y por tanto esta debe ser acogida y analizada seriamente por los diferentes órganos del Estado, teniendo como objetivo el bienestar de millones de trabajadores que luego de toda una vida de trabajo merecen una pensión digna.

Dicho lo anterior y como medida paliativa, se hace necesario ampliar la cobertura y montos del Bono Post Laboral, de tal manera que el porcentaje de la tasa de reemplazo de la jubilación, sea mayor al 50% de la remuneración recibida por el trabajador público cuando se encontraba activo.

3.- Reajuste y Bonos, líneas de corte

De acuerdo al informe IPOM, el probable crecimiento del país radicará entre 1,5 y 2 puntos porcentuales. Además, la inflación proyectada para el año 2017 en el año móvil diciembre-diciembre está estimado en 2,9%. El crecimiento proyectado para el año 2018 según el mismo informe rondará en el 2,5%.

Otro dato importante es el valor del cobre, el que no presentaría variaciones importantes.

Analizado lo anterior, y dado que el reajuste debe incluir una recuperación del poder adquisitivo perdido (inflación), y que nuestro sector también aporta al desarrollo del país con cerca de un millón de trabajadoras y trabajadores (incluyendo honorarios, compras de servicio), es que proponemos un Reajuste Real de un 2,0%.

Este es el momento en que el Estado DEBE hacerse cargo de disminuir la tremenda desigualdad social que existe en Chile, que nos ubica en la triste posición de ser el pais con la mayor desigualdad de ingresos de los países OCDE (con un índice GINI 0,465), y atreverse a proponer un reajuste diferenciado, toda vez que año a año, el reajuste aumenta más la brecha entre aquellos trabajadores y trabajadoras que ganan menos y aquellos que ganan más. Esta organización está disponible para ello.

En el caso de los bonos y aguinaldos consideramos que deben ser reajustados en un porcentaje mayor, ya que estos beneficios en especial responden a una costumbre arraigada y que se ha transformado en derecho adquirido para otorgar a las y los trabajadores un estipendio extra para afrontar los gastos propios de las fechas especiales, como fiestas patrias o navidad. En este punto nuestra propuesta es de un aumento de un 5% real.

En el caso específico de Bono de Vacaciones, consideramos que este debe acercarse progresivamente a constituir el treceavo sueldo, considerando que según estudios sobre el 41% de las empresas otorgan Bono de Vacaciones (Encuesta Anual de Compensaciones, TRS – Total Remuneration Survey). Para avanzar en esta línea solicitamos un Bono de Vacaciones parejo de $250.000.-

4.- Conciliación de vida laboral y familiar

Nuestro país y sus diversos sectores políticos han declarado su apoyo a la disminución de la desigualdad, y para materializar esas declaraciones necesitamos políticas públicas y articulados legislativos que apunten directamente a ello, pues dichas políticas facilitan que las y los trabajadores puedan ejercer su derecho al cuidado de su familia, al desarrollo de su personalidad, de su formación o el disfrute de su ocio y tiempo libre.

En concordancia con lo anterior, presentamos las siguientes demandas:

a) Modificación del art. 65 el Estatuto Administrativo referido a la jornada laboral, que actualmente establece la jornada en 44 horas semanales, disminuyéndola progresivamente hasta llegar a 40 horas semanales, pues hoy Chile se ubica en el quinto lugar con más horas de trabajo de los países OCDE. El alto número de horas no implica una mayor producción, y muy por el contrario, podría afectar negativamente la salud mental e incrementa los riesgos laborales.

b) Incorporar en la Ley de reajuste un artículo que señale que: “Las funcionarias contratadas en la administración del estado, para realizar trabajos temporales gozaran del fuero maternal definido en el inciso primero del artículo 201 del código del trabajo; salvo desafuero por juez competente”. Ya que, hasta el año 2014, se aplicaba la regla general del artículo 201 del código del trabajo que reconocía el fuero a estas trabajadoras; criterio compartido por la Contraloría General de la República hasta su dictamen 24.490/2014; que establece que estas trabajadoras deben ser asimiladas a la figura de suplencia y por tanto no les reconoce el fuero.

Hacer extensivo este derecho a las trabajadoras que aun se mantienen con contrato a honorarios o compras de servicios.

c) Incorporar los 5 días de permiso de la ley 20830 a todas las y los funcionarios públicos, homologando este derecho al mundo privado.

d) Implementación efectiva de Salas Cuna en el 100% de los establecimientos hospitalarios del país, de tal forma  que en las comunas más pequeñas este beneficio sea de uso extensivo a otros trabajadores y trabajadoras del sector público de la misma área geográfica.

Planes de inversión en reparación, remodelación y cumplimiento de normativa en los establecimientos en que ya existe Sala Cuna o Jardín Infantil.

 

5.- Estímulo a la descentralización

El Estado debe tener una mirada país y hacer los esfuerzos para que las y los trabajadores públicos se sientan parte y tengan arraigo en el territorio en que se encuentran, en especial aquellos territorios alejados de la zona central o de difícil acceso. Por ello es necesario que el Gobierno junto a los representantes de esos territorios reactiven la Mesa de Zonas Extremas sin exclusión de temas,  incluyendo al menos las siguientes temáticas:

- Imponibilidad de Asignación de Zona

- Ampliar cobertura y hacer permanente la bonificación del art. 44  de la ley 20883, ya que el actual bono solo alcanza al 48% de los trabajadores de la salud, y en el caso de las y los profesionales ese porcentaje es igual a Cero.

- Incluir la reajustabilidad permanente del bono especial de Zonas Extremas en un 5% anual

 

6.- Bienestar

Frente a la precariedad económica en la que se ven sumidas las y los trabajadores públicos que egresan del sistema al término de su ciclo de vida laboral, debido al actual sistema previsional que tiene nuestro país, y como una forma de disminuir los gastos, especialmente aquellos asociados a salud, demandamos por parte del Estado un aporte para el Bienestar por cada jubilada y jubilado inscrito en cada servicio de salud del país, de tal forma de paliar su mayor vulnerabilidad en la tercera edad, de igual monto al entregado a las y los trabajadores activos.

7.- Transparencia y probidad funcionaria

Si bien no se conoce la magnitud de los dineros invertidos en paraísos fiscales por funcionarios públicos, cuyos impuestos nunca ingresan al erario nacional, y por lo tanto no aportarán al desarrollo del país, consideramos que ningún empleado público, ya sea de carrera o elegido por votación popular, debiera realizar esta práctica.

Los impuestos no recaudados comprometen los presupuestos públicos, lo que se traduce en recortes a los servicios básicos como la medicina y la educación, así como en un aumento de impuestos como el IVA que afecta de mayor manera a los sectores más pobres.

Los paraísos fiscales son una forma de legalizar la extensión de la brecha financiera entre ricos y pobres de todo el mundo, frenando la distribución de la riqueza en beneficio de la sociedad y no de un grupo seleccionado de individuos.

Por tanto, demandamos el envío de un Proyecto de Ley que prohíba a la funcionaria o funcionario público tener bienes o capitales en paraísos fiscales, evitando las prácticas de evasión fiscal.

 

Fin a la precarización del empleo en el Estado: 

Trabajo decente y con derechos

 

Fin a la precarización del empleo en el Estado:

Trabajo decente y con derechos 

Introducción

El siguiente texto contiene una propuesta de negociación de los profesionales de la salud centralizada, en el marco de la tramitación de la ley general de reajuste de remuneraciones y otras materias del sector público, bajo el entendido de que Fenpruss representa a los más de 30 mil profesionales que se desempeñan en los servicios de salud del país, y que actualmente no se encuentran representados en la mesa del sector público.

1.- Empleo con Derechos y Decente

El Estado como ente precursor del desarrollo de la sociedad, tiene el deber de ser el ejemplo a seguir. Por ello como empleador tiene que otorgar a sus trabajadores y trabajadoras las condiciones óptimas tanto estructurales como económicas para el desarrollo de su labor. Lo anterior debe ir acompañado, además, del pleno ejercicio de los derechos laborales y de seguridad social que hacen que un país pueda ser verdaderamente considerado un país desarrollado o en vías de desarrollo.

Coherente con lo anterior, se hace necesario que las y los trabajadores públicos de nuestro país tengan los siguientes puntos resueltos a la brevedad:

a) Presentar articulado a la Ley de Presupuestos que establezca el aumento de la dotación de las instituciones tanto centralizadas como descentralizadas equivalente al número total de funcionarios y funcionarias que laboran y se encuentran contratados bajo cualquier modalidad, es decir, traspaso de personal contratado por compra de servicios que cumple funciones permanentes, nuevos honorarios, mitad honorarios y mitad contrata, contratos a tiempo parcial, código del trabajo o el nuevo tipo de honorarios llamado “Empresa de Responsabilidad Individual”. Ha llegado el momento que el Estado “sincere” la cantidad real de funcionarios y funcionarias que requiere para cumplir bien con la función pública estipulada en la Constitución y las Leyes Orgánicas correspondientes, y les contrate con plenitud de derechos.

b) Salvaguardas que eviten el despido arbitrario: Solicitamos la renovación del oficio circular número 26 del 21 de noviembre del 2016 del Ministerio de Hacienda sobre renovación de las Contratas, actualizando en el nuevo texto con la jurisprudencia de contraloría y tribunales laborales.

c) Indicación legislativa para el otorgamiento automático de las asignaciones que corresponda percibir al funcionario o funcionaria por las labores específicas que la ley señale y que por un problema de estructura remuneracional o limitaciones legales (por ejemplo, cupos asignados), no son percibidas por todo el personal a pesar de realizar la misma labor.  En salud, nos referimos a leyes como: ley de urgencia, ley miscelánea, asignación de turno, asignación de responsabilidad.

2.- Derecho a la Seguridad Social para todas y todos los trabajadores

Solicitamos encarecidamente al Gobierno acoger la propuesta técnica de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No más AFP.

Es tiempo de cambiar un sistema que fue impuesto, basado en el ahorro forzoso, individualista, único y obligatorio, cuyo fracaso ha sido reconocido por amplios sectores sociales y políticos a excepción, claro está, de quienes lo crearon. La propuesta representa fielmente a las y los trabajadores públicos del país, y por tanto esta debe ser acogida y analizada seriamente por los diferentes órganos del Estado, teniendo como objetivo el bienestar de millones de trabajadores que luego de toda una vida de trabajo merecen una pensión digna.

Dicho lo anterior y como medida paliativa, se hace necesario ampliar la cobertura y montos del Bono Post Laboral, de tal manera que el porcentaje de la tasa de reemplazo de la jubilación, sea mayor al 50% de la remuneración recibida por el trabajador público cuando se encontraba activo.

3.- Reajuste y Bonos, líneas de corte

De acuerdo al informe IPOM, el probable crecimiento del país radicará entre 1,5 y 2 puntos porcentuales. Además, la inflación proyectada para el año 2017 en el año móvil diciembre-diciembre está estimado en 2,9%. El crecimiento proyectado para el año 2018 según el mismo informe rondará en el 2,5%.

Otro dato importante es el valor del cobre, el que no presentaría variaciones importantes.

Analizado lo anterior, y dado que el reajuste debe incluir una recuperación del poder adquisitivo perdido (inflación), y que nuestro sector también aporta al desarrollo del país con cerca de un millón de trabajadoras y trabajadores (incluyendo honorarios, compras de servicio), es que proponemos un Reajuste Real de un 2,0%.

Este es el momento en que el Estado DEBE hacerse cargo de disminuir la tremenda desigualdad social que existe en Chile, que nos ubica en la triste posición de ser el pais con la mayor desigualdad de ingresos de los países OCDE (con un índice GINI 0,465), y atreverse a proponer un reajuste diferenciado, toda vez que año a año, el reajuste aumenta más la brecha entre aquellos trabajadores y trabajadoras que ganan menos y aquellos que ganan más. Esta organización está disponible para ello.

En el caso de los bonos y aguinaldos consideramos que deben ser reajustados en un porcentaje mayor, ya que estos beneficios en especial responden a una costumbre arraigada y que se ha transformado en derecho adquirido para otorgar a las y los trabajadores un estipendio extra para afrontar los gastos propios de las fechas especiales, como fiestas patrias o navidad. En este punto nuestra propuesta es de un aumento de un 5% real.

En el caso específico de Bono de Vacaciones, consideramos que este debe acercarse progresivamente a constituir el treceavo sueldo, considerando que según estudios sobre el 41% de las empresas otorgan Bono de Vacaciones (Encuesta Anual de Compensaciones, TRS – Total Remuneration Survey). Para avanzar en esta línea solicitamos un Bono de Vacaciones parejo de $250.000.-

4.- Conciliación de vida laboral y familiar

Nuestro país y sus diversos sectores políticos han declarado su apoyo a la disminución de la desigualdad, y para materializar esas declaraciones necesitamos políticas públicas y articulados legislativos que apunten directamente a ello, pues dichas políticas facilitan que las y los trabajadores puedan ejercer su derecho al cuidado de su familia, al desarrollo de su personalidad, de su formación o el disfrute de su ocio y tiempo libre.

En concordancia con lo anterior, presentamos las siguientes demandas:

a) Modificación del art. 65 el Estatuto Administrativo referido a la jornada laboral, que actualmente establece la jornada en 44 horas semanales, disminuyéndola progresivamente hasta llegar a 40 horas semanales, pues hoy Chile se ubica en el quinto lugar con más horas de trabajo de los países OCDE. El alto número de horas no implica una mayor producción, y muy por el contrario, podría afectar negativamente la salud mental e incrementa los riesgos laborales.

b) Incorporar en la Ley de reajuste un artículo que señale que: “Las funcionarias contratadas en la administración del estado, para realizar trabajos temporales gozaran del fuero maternal definido en el inciso primero del artículo 201 del código del trabajo; salvo desafuero por juez competente”. Ya que, hasta el año 2014, se aplicaba la regla general del artículo 201 del código del trabajo que reconocía el fuero a estas trabajadoras; criterio compartido por la Contraloría General de la República hasta su dictamen 24.490/2014; que establece que estas trabajadoras deben ser asimiladas a la figura de suplencia y por tanto no les reconoce el fuero.

Hacer extensivo este derecho a las trabajadoras que aun se mantienen con contrato a honorarios o compras de servicios.

c) Incorporar los 5 días de permiso de la ley 20830 a todas las y los funcionarios públicos, homologando este derecho al mundo privado.

d) Implementación efectiva de Salas Cuna en el 100% de los establecimientos hospitalarios del país, de tal forma  que en las comunas más pequeñas este beneficio sea de uso extensivo a otros trabajadores y trabajadoras del sector público de la misma área geográfica.

Planes de inversión en reparación, remodelación y cumplimiento de normativa en los establecimientos en que ya existe Sala Cuna o Jardín Infantil.

 

5.- Estímulo a la descentralización

El Estado debe tener una mirada país y hacer los esfuerzos para que las y los trabajadores públicos se sientan parte y tengan arraigo en el territorio en que se encuentran, en especial aquellos territorios alejados de la zona central o de difícil acceso. Por ello es necesario que el Gobierno junto a los representantes de esos territorios reactiven la Mesa de Zonas Extremas sin exclusión de temas,  incluyendo al menos las siguientes temáticas:

- Imponibilidad de Asignación de Zona

- Ampliar cobertura y hacer permanente la bonificación del art. 44  de la ley 20883, ya que el actual bono solo alcanza al 48% de los trabajadores de la salud, y en el caso de las y los profesionales ese porcentaje es igual a Cero.

- Incluir la reajustabilidad permanente del bono especial de Zonas Extremas en un 5% anual

 

6.- Bienestar

Frente a la precariedad económica en la que se ven sumidas las y los trabajadores públicos que egresan del sistema al término de su ciclo de vida laboral, debido al actual sistema previsional que tiene nuestro país, y como una forma de disminuir los gastos, especialmente aquellos asociados a salud, demandamos por parte del Estado un aporte para el Bienestar por cada jubilada y jubilado inscrito en cada servicio de salud del país, de tal forma de paliar su mayor vulnerabilidad en la tercera edad, de igual monto al entregado a las y los trabajadores activos.

7.- Transparencia y probidad funcionaria

Si bien no se conoce la magnitud de los dineros invertidos en paraísos fiscales por funcionarios públicos, cuyos impuestos nunca ingresan al erario nacional, y por lo tanto no aportarán al desarrollo del país, consideramos que ningún empleado público, ya sea de carrera o elegido por votación popular, debiera realizar esta práctica.

Los impuestos no recaudados comprometen los presupuestos públicos, lo que se traduce en recortes a los servicios básicos como la medicina y la educación, así como en un aumento de impuestos como el IVA que afecta de mayor manera a los sectores más pobres.

Los paraísos fiscales son una forma de legalizar la extensión de la brecha financiera entre ricos y pobres de todo el mundo, frenando la distribución de la riqueza en beneficio de la sociedad y no de un grupo seleccionado de individuos.

Por tanto, demandamos el envío de un Proyecto de Ley que prohíba a la funcionaria o funcionario público tener bienes o capitales en paraísos fiscales, evitando las prácticas de evasión fiscal.

 

Fin a la precarización del empleo en el Estado:

Trabajo decente y con derechos 

Introducción

El siguiente texto contiene una propuesta de negociación de los profesionales de la salud centralizada, en el marco de la tramitación de la ley general de reajuste de remuneraciones y otras materias del sector público, bajo el entendido de que Fenpruss representa a los más de 30 mil profesionales que se desempeñan en los servicios de salud del país, y que actualmente no se encuentran representados en la mesa del sector público.

1.- Empleo con Derechos y Decente

El Estado como ente precursor del desarrollo de la sociedad, tiene el deber de ser el ejemplo a seguir. Por ello como empleador tiene que otorgar a sus trabajadores y trabajadoras las condiciones óptimas tanto estructurales como económicas para el desarrollo de su labor. Lo anterior debe ir acompañado, además, del pleno ejercicio de los derechos laborales y de seguridad social que hacen que un país pueda ser verdaderamente considerado un país desarrollado o en vías de desarrollo.

Coherente con lo anterior, se hace necesario que las y los trabajadores públicos de nuestro país tengan los siguientes puntos resueltos a la brevedad:

a) Presentar articulado a la Ley de Presupuestos que establezca el aumento de la dotación de las instituciones tanto centralizadas como descentralizadas equivalente al número total de funcionarios y funcionarias que laboran y se encuentran contratados bajo cualquier modalidad, es decir, traspaso de personal contratado por compra de servicios que cumple funciones permanentes, nuevos honorarios, mitad honorarios y mitad contrata, contratos a tiempo parcial, código del trabajo o el nuevo tipo de honorarios llamado “Empresa de Responsabilidad Individual”. Ha llegado el momento que el Estado “sincere” la cantidad real de funcionarios y funcionarias que requiere para cumplir bien con la función pública estipulada en la Constitución y las Leyes Orgánicas correspondientes, y les contrate con plenitud de derechos.

b) Salvaguardas que eviten el despido arbitrario: Solicitamos la renovación del oficio circular número 26 del 21 de noviembre del 2016 del Ministerio de Hacienda sobre renovación de las Contratas, actualizando en el nuevo texto con la jurisprudencia de contraloría y tribunales laborales.

c) Indicación legislativa para el otorgamiento automático de las asignaciones que corresponda percibir al funcionario o funcionaria por las labores específicas que la ley señale y que por un problema de estructura remuneracional o limitaciones legales (por ejemplo, cupos asignados), no son percibidas por todo el personal a pesar de realizar la misma labor.  En salud, nos referimos a leyes como: ley de urgencia, ley miscelánea, asignación de turno, asignación de responsabilidad.

2.- Derecho a la Seguridad Social para todas y todos los trabajadores

Solicitamos encarecidamente al Gobierno acoger la propuesta técnica de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No más AFP.

Es tiempo de cambiar un sistema que fue impuesto, basado en el ahorro forzoso, individualista, único y obligatorio, cuyo fracaso ha sido reconocido por amplios sectores sociales y políticos a excepción, claro está, de quienes lo crearon. La propuesta representa fielmente a las y los trabajadores públicos del país, y por tanto esta debe ser acogida y analizada seriamente por los diferentes órganos del Estado, teniendo como objetivo el bienestar de millones de trabajadores que luego de toda una vida de trabajo merecen una pensión digna.

Dicho lo anterior y como medida paliativa, se hace necesario ampliar la cobertura y montos del Bono Post Laboral, de tal manera que el porcentaje de la tasa de reemplazo de la jubilación, sea mayor al 50% de la remuneración recibida por el trabajador público cuando se encontraba activo.

3.- Reajuste y Bonos, líneas de corte

De acuerdo al informe IPOM, el probable crecimiento del país radicará entre 1,5 y 2 puntos porcentuales. Además, la inflación proyectada para el año 2017 en el año móvil diciembre-diciembre está estimado en 2,9%. El crecimiento proyectado para el año 2018 según el mismo informe rondará en el 2,5%.

Otro dato importante es el valor del cobre, el que no presentaría variaciones importantes.

Analizado lo anterior, y dado que el reajuste debe incluir una recuperación del poder adquisitivo perdido (inflación), y que nuestro sector también aporta al desarrollo del país con cerca de un millón de trabajadoras y trabajadores (incluyendo honorarios, compras de servicio), es que proponemos un Reajuste Real de un 2,0%.

Este es el momento en que el Estado DEBE hacerse cargo de disminuir la tremenda desigualdad social que existe en Chile, que nos ubica en la triste posición de ser el pais con la mayor desigualdad de ingresos de los países OCDE (con un índice GINI 0,465), y atreverse a proponer un reajuste diferenciado, toda vez que año a año, el reajuste aumenta más la brecha entre aquellos trabajadores y trabajadoras que ganan menos y aquellos que ganan más. Esta organización está disponible para ello.

En el caso de los bonos y aguinaldos consideramos que deben ser reajustados en un porcentaje mayor, ya que estos beneficios en especial responden a una costumbre arraigada y que se ha transformado en derecho adquirido para otorgar a las y los trabajadores un estipendio extra para afrontar los gastos propios de las fechas especiales, como fiestas patrias o navidad. En este punto nuestra propuesta es de un aumento de un 5% real.

En el caso específico de Bono de Vacaciones, consideramos que este debe acercarse progresivamente a constituir el treceavo sueldo, considerando que según estudios sobre el 41% de las empresas otorgan Bono de Vacaciones (Encuesta Anual de Compensaciones, TRS – Total Remuneration Survey). Para avanzar en esta línea solicitamos un Bono de Vacaciones parejo de $250.000.-

4.- Conciliación de vida laboral y familiar

Nuestro país y sus diversos sectores políticos han declarado su apoyo a la disminución de la desigualdad, y para materializar esas declaraciones necesitamos políticas públicas y articulados legislativos que apunten directamente a ello, pues dichas políticas facilitan que las y los trabajadores puedan ejercer su derecho al cuidado de su familia, al desarrollo de su personalidad, de su formación o el disfrute de su ocio y tiempo libre.

En concordancia con lo anterior, presentamos las siguientes demandas:

a) Modificación del art. 65 el Estatuto Administrativo referido a la jornada laboral, que actualmente establece la jornada en 44 horas semanales, disminuyéndola progresivamente hasta llegar a 40 horas semanales, pues hoy Chile se ubica en el quinto lugar con más horas de trabajo de los países OCDE. El alto número de horas no implica una mayor producción, y muy por el contrario, podría afectar negativamente la salud mental e incrementa los riesgos laborales.

b) Incorporar en la Ley de reajuste un artículo que señale que: “Las funcionarias contratadas en la administración del estado, para realizar trabajos temporales gozaran del fuero maternal definido en el inciso primero del artículo 201 del código del trabajo; salvo desafuero por juez competente”. Ya que, hasta el año 2014, se aplicaba la regla general del artículo 201 del código del trabajo que reconocía el fuero a estas trabajadoras; criterio compartido por la Contraloría General de la República hasta su dictamen 24.490/2014; que establece que estas trabajadoras deben ser asimiladas a la figura de suplencia y por tanto no les reconoce el fuero.

Hacer extensivo este derecho a las trabajadoras que aun se mantienen con contrato a honorarios o compras de servicios.

c) Incorporar los 5 días de permiso de la ley 20830 a todas las y los funcionarios públicos, homologando este derecho al mundo privado.

d) Implementación efectiva de Salas Cuna en el 100% de los establecimientos hospitalarios del país, de tal forma  que en las comunas más pequeñas este beneficio sea de uso extensivo a otros trabajadores y trabajadoras del sector público de la misma área geográfica.

Planes de inversión en reparación, remodelación y cumplimiento de normativa en los establecimientos en que ya existe Sala Cuna o Jardín Infantil.

 

5.- Estímulo a la descentralización

El Estado debe tener una mirada país y hacer los esfuerzos para que las y los trabajadores públicos se sientan parte y tengan arraigo en el territorio en que se encuentran, en especial aquellos territorios alejados de la zona central o de difícil acceso. Por ello es necesario que el Gobierno junto a los representantes de esos territorios reactiven la Mesa de Zonas Extremas sin exclusión de temas,  incluyendo al menos las siguientes temáticas:

- Imponibilidad de Asignación de Zona

- Ampliar cobertura y hacer permanente la bonificación del art. 44  de la ley 20883, ya que el actual bono solo alcanza al 48% de los trabajadores de la salud, y en el caso de las y los profesionales ese porcentaje es igual a Cero.

- Incluir la reajustabilidad permanente del bono especial de Zonas Extremas en un 5% anual

 

6.- Bienestar

Frente a la precariedad económica en la que se ven sumidas las y los trabajadores públicos que egresan del sistema al término de su ciclo de vida laboral, debido al actual sistema previsional que tiene nuestro país, y como una forma de disminuir los gastos, especialmente aquellos asociados a salud, demandamos por parte del Estado un aporte para el Bienestar por cada jubilada y jubilado inscrito en cada servicio de salud del país, de tal forma de paliar su mayor vulnerabilidad en la tercera edad, de igual monto al entregado a las y los trabajadores activos.

7.- Transparencia y probidad funcionaria

Si bien no se conoce la magnitud de los dineros invertidos en paraísos fiscales por funcionarios públicos, cuyos impuestos nunca ingresan al erario nacional, y por lo tanto no aportarán al desarrollo del país, consideramos que ningún empleado público, ya sea de carrera o elegido por votación popular, debiera realizar esta práctica.

Los impuestos no recaudados comprometen los presupuestos públicos, lo que se traduce en recortes a los servicios básicos como la medicina y la educación, así como en un aumento de impuestos como el IVA que afecta de mayor manera a los sectores más pobres.

Los paraísos fiscales son una forma de legalizar la extensión de la brecha financiera entre ricos y pobres de todo el mundo, frenando la distribución de la riqueza en beneficio de la sociedad y no de un grupo seleccionado de individuos.

Por tanto, demandamos el envío de un Proyecto de Ley que prohíba a la funcionaria o funcionario público tener bienes o capitales en paraísos fiscales, evitando las prácticas de evasión fiscal.

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